Dudas y retos del Acuerdo de Escazú ratificado por Colombia

Luego de un largo debate legislativo, este tratado fue recientemente ratificado por la Corte Constitucional de Colombia, la nación más peligrosa del mundo para los líderes ambientales, tanto hombres como mujeres. En 2023 fueron asesinados en el mundo alrededor de 196 defensores de la tierra y el ambiente, y por segundo año consecutivo Colombia registró el mayor número de víctimas: 79, entre ellas 12 mujeres, 66 hombres y una menor de edad, por encima de Brasil con 25, y México y Honduras con 18 cada uno, cifras reportadas en el informe de Global Witness, una ONG que monitorea el problema en todo el mundo.

A pesar de celebrar la decisión de la Alta Corte, la incredulidad prevalece. El defensor ambiental del Valle del Cauca, Óscar Rivera Luna, egresado de Ingeniería Agronómica de la UNAL Sede Palmira, señala que “aunque la Ley que da vida al Acuerdo de Escazú es viable, enfrenta opositores poderosos que intentan bloquear cualquier avance ecológico, razón por la cual los líderes ambientales son perseguidos en los territorios”, como en su caso, según relata, “desde que denunciaba las quemas en las plantaciones de la caña de azúcar en el departamento y sus graves efectos en el aire, el agua y la salud humana”.

Su testimonio revela que la vida de un defensor ambiental es extremadamente difícil, marcada por el aislamiento social, la pérdida de la libertad (estuvo 4 veces en la cárcel) y los vetos institucionales y profesionales. Siente que es excluido de varios eventos en la región sobre cambio climático a pesar de sus constantes denuncias sobre problemáticas locales.

Este acuerdo no solo lleva el nombre de un tratado histórico sobre derechos humanos y ambientales, es el resultado de las movilizaciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos marginados en América Latina y el Caribe, y también se remonta a una tierra cargada de leyendas, historia y misterio: Escazú, un distrito costarricense conocido popularmente como la “Ciudad de las Brujas”, en donde se gestó la iniciativa. Su nombre proviene de la palabra indígena itzkazú, que significa lugar de descanso.

Fue firmado el 4 de marzo de 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 16 lo han ratificado. En Colombia la implementación será un hecho, luego de que la Corte Constitucional avalara el 28 de agosto de 2024 la constitucionalidad de la Ley 2273 de 2022, que convirtió al Acuerdo de Escazú en Ley de la República.

En el territorio nacional, donde los problemas ambientales a menudo se entrelazan con la historia del conflicto armado de más de 50 años, se espera que esta legislación aporte a la consolidación de la paz y la democracia ambiental, asegurando que las comunidades afectadas por proyectos de explotación de recursos naturales tengan voz y protección en la toma de decisiones.

El profesor Miguel Gonzalo Andrade Correa, director del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), destaca que la materialización de Escazú es una de las mejores noticias que ha recibido el país: “este Acuerdo permite a que haya muchísimo más control para la protección de estas vidas, es decir, es una medida adicional a las que ya tiene Colombia, pero con una protección internacional para quienes ejercen el liderazgo en temas ambientales”.

Por su parte, el profesor Gregorio Mesa Cuadros, de Derecho Ambiental y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAL, considera que, pese a que esta iniciativa es muy importante en Latinoamérica y el Caribe, no se trata de nada nuevo para la normatividad colombiana, ya que tanto la Constitución Política como múltiples leyes y reglamentos han establecido esos derechos, “lo que pasa es que a veces como país no reconocemos el papel de nuestras normas”, manifiesta.

El profesor Mesa resume así los derechos que consagra el Acuerdo de Escazú: “primero, el derecho a participar en asuntos ambientales; segundo, el derecho a esta información ambiental; tercero, el derecho al acceso a la administración de justicia ambiental, ya sea por la vía administrativa o por la judicial, y cuarto, el gran derecho de protección especial que requieren los líderes cuando defienden el ambiente y son los primeros afectados porque son amenazados, desplazados violentamente o incluso asesinados”.

A pesar de celebrar la noticia, el profesor Diego Mejía Carmona, coordinador del Sistema de Gestión Ambiental de la UNAL Sede Palmira, señala que el “Acuerdo se debió haber dado hace años. […] El país ya ha dado avances, por ejemplo con el reconocimiento de derechos a algunos ríos, que se complementa con este acuerdo que apunta a proteger a los defensores, que serían las personas que alzan la voz por estos territorios”.

Resalta además que “la UNAL Sede Palmira cuenta con una larga trayectoria en la formación e investigación en temas ambientales, con el programa de pregrado y la Maestría en Ingeniería Ambiental, así como el Doctorado en Estudios Ambientales, que nos posiciona como líderes naturales en la educación ambiental y en el apoyo a las comunidades en la defensa de sus ecosistemas”.

Una de las principales ventajas es su énfasis en el acceso a la información ambiental, ya que obliga a todas las instituciones colombianas a poner a disposición del público, tanto nacional como internacional, los datos relacionados con el estado del ambiente, proyectos de desarrollo y datos científicos.

El profesor Gonzalo Andrade indica que “toda la información sobre biodiversidad, calidad del agua y proyectos de investigación sobre recursos genéticos y distribución de especies deberá estar disponible en línea, eliminando con ello las barreras que existían antes para su acceso”. Esto es particularmente relevante para la UNAL, que resguarda más de 7 millones de ejemplares en sus 65 colecciones científicas.

Otro beneficio es que establece la obligatoriedad de la participación pública en la toma de decisiones sobre proyectos que puedan tener un impacto ambiental en las comunidades, esto significa que, aunque ya participan, esta nueva disposición les dará la oportunidad de involucrarse con más protección e incidencia en las acciones que los afectan. “Los ciudadanos podrán exigir que la información recolectada en sus territorios esté disponible de manera fácil y asequible. Esto refuerza su capacidad de actuar en defensa de su entorno y reclamar sus derechos”, agregó el profesor Andrade.

El desafío del Acuerdo de Escazú radica en la implementación práctica del acuerdo; según el profesor Gregorio Mesa, “a menudo, lo que se establece en la norma se queda en el papel. El problema es que, a pesar de existir estos derechos, muchas personas y comunidades, especialmente las más vulnerables, siguen siendo ignoradas o amenazadas”.

“El primer problema grave es una especie de reduccionismo de lo que significa lo ambiental, olvidando que también incluye a los seres humanos organizados como cultura y sus múltiples interacciones”, explicó al asegurar que esta separación conceptual sectoriza las luchas, tratando los derechos humanos y los ambientales como cuestiones aisladas. Para él, referirse a “medioambiental o socioambiental” significa sectorizar y parcelar, además de desconocer visiones integrales y sistémicas concretas, ya que ecosistemas y culturas no están separadas, sino profundamente interconectadas.

El desinterés por los territorios rurales es otra talanquera, pues las mayores afectaciones ocurren en áreas remotas, alejadas de los centros urbanos, lo que al parecer genera un desinterés por parte de las instituciones y la sociedad. Se subestima el papel que las comunidades locales desempeñan en la protección de la naturaleza, al creer que el cuidado del ambiente se puede gestionar desde un escritorio en las principales ciudades.

“En este contexto la UNAL tiene una tarea clave en la educación y sensibilización de los ciudadanos. La tarea no es solo informar sobre el Acuerdo, sino también desmantelar la narrativa que culpa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de ser los principales contaminadores. La realidad es que estas han sido históricamente las guardianas del ambiente y criminalizadas por defender sus derechos y los de la naturaleza. A menudo se ignora a quienes están detrás de las actividades destructivas”, reflexionó el profesor de Derecho Ambiental.
 

Obtenido de Periodico Unal